Programas de formación universitaria en centros penitenciarios*


Laura Ponce de León Romero**

Gina López Armijos***

Rocío Camacho Rojas****

Resumen. Las estrategias de carácter punitivo de los distintos Estados evidencian la privación de libertad como eje central para la seguridad ciudadana. De manera subsidiaria se ha ido incorporando el concepto rehabilitador para favorecer la inclusión social. Los programas universitarios podrían ser una herramienta para conseguirla. Este artículo revisa las experiencias en enseñanza superior en centros penitenciarios de España, Ecuador y México. La metodología está basada en un estudio comparativo junto con el análisis de fuentes secundarias y la consulta de bases de datos especializadas. Las conclusiones indican escasez de recursos para estos programas; mejoría de estudiantes en autoestima, seguridad, comunicación, habilidades sociales y ciudadanía responsable; disminución de reincidencia; y la necesidad de acciones para la incorporación laboral.

Palabras clave. Centros penitenciarios, personas privadas de libertad, educación universitaria, inclusión social, reincidencia.

Higher education programs in prisons

Abstract. Punitive strategies of various States show deprivation of liberty as a central axia for citizen security. In a complementary way to enhance social inclusión Higher Education could be a key tool. This article reviews experiences in prisons in Spain, Ecuador and Mexico. The methodology is based on a comparative study together with analysis of secondary sources and consultation of specialized databases. Outcomes show a deficiency of resources for these programs; improvement of students in self-esteem, safety, communication, social skills and responsible citizenship; decrease in recidivism; and the requirement for actions for labor incorporation.

Key words. prison, persons deprived of liberty, higher education, social inclusion, recidivism rate.

DOI: http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v18i45.827

Introducción

El ingreso en centros penitenciarios ha sido la opción más utilizada por los Estados para garantizar la seguridad. En los últimos años algunos países han incorporado en sus normativas el concepto rehabilitador, que tiene como objetivo facilitar la inclusión social.

La tendencia mundial en el aumento de Personas Privadas de Libertad (PPL) según el informe de Worl Prison Brief (2018), la estabilización en la tasa de homicidios (Naciones Unidas, 2019) y las elevadas tasas de reincidencia (Jiménez- Bautista y Jiménez-Aguilar, 2013; García-García, Ortega-Campos y Fuente-Sánchez, Larrota 2010; Larrota, Gaviria y Arenas, 2018; y Redondo, Luque, Navarro y Martínez, 2005) cuestionan la efectividad de los sistemas punitivos penitenciarios y evidencian la falta de recursos para poder cumplir con sus expectativas rehabilitadoras.

El estudio realizado por Marcuello y García-Martínez (2011) ha establecido algunas características comunes que presentan las personas privadas de libertad: la procedencia de ámbitos de exclusión social donde la subcultura de la pobreza se hereda de una generación a otra, la acumulación de fracasos (afectivos, escolares, laborales, familiares, formativos y socializadores), y la inequidad en cuanto al acceso de oportunidades educativas y laborales. Desde un enfoque preventivo los centros penitenciarios intentan trabajar sobre estas características orientando sus acciones hacia la educación y la intervención familiar (Brunton-Smith y McCarthy, 2016), pero el hacinamiento y la falta de recursos en la mayoría de los centros penitenciarios hace que esta hazaña devenga en utopía.

La reincidencia penitenciara es uno de los indicadores más importantes para conocer la efectividad de los centros penitenciarios, y para analizar el efecto de la pena privativa de libertad sobre el proceso de socialización. La reincidencia criminal es la consecuencia de la inefectividad de las medidas públicas implantadas, además es un fenómeno multicausal, que exige una intervención social compleja basada, según el modelo de Andrews y Bonta (2003), en variables como historia de conducta, patrón de personalidad y cognición antisociales, el ámbito familiar con bajo nivel de satisfacción, las dificultades en la escuela y el trabajo, los vínculos o redes antisociales, el manejo del ocio y tiempo libre, y el consumo de drogas.

La situación de hacinamiento que presentan la mayoría de los centros penitenciarios tampoco es de gran ayuda para garantizar el buen desarrollo de los programas formativos, pues no permite un seguimiento pormenorizado de cada persona. En España la tasa de ocupación de los centros penitenciarios es del 80 %, en Ecuador del 133,22 % y en México del 90,1 % (World Prison Brief, 2018). Esta sobrepoblación sería un indicador de que el sistema se orienta más hacia la política criminal y la contención, y menos hacia la inclusión social.

Para conseguir este objetivo los centros penitenciarios tendrían que facilitar herramientas de cambio existencial. De nada sirve cumplir la pena si después de ella no se dispone de otras opciones para enfocar o ganarse la vida. En este sentido aprender un oficio con una formación profesional o estudiar una carrera universitaria podrían ser una opción para generar nuevas oportunidades de cambio. Matizar que en el segundo caso cuando se estudia una carrera universitaria las personas no solamente mejoran sus opciones profesionales sino que además se produce un desarrollo intelectual, que les permite analizar su contexto familiar y social viéndolo de otra manera distinta, se modifica la forma de percibir el mundo, y se adquiere pensamiento crítico y capacidad de análisis a lo largo de su experiencia vital (Gray, Ward y Fogerty, 2019).

Siguiendo este planteamiento algunos centros penitenciarios han incorporado programas universitarios para implementar las acciones formativas, ofreciendo la posibilidad de estudiar carreras universitarias para facilitar un cambio en el proyecto existencial aportando otras opciones para el futuro de las PPL y de sus familias.

Los principales motivos por los cuales las PPL participan en estos programas suelen ser (Aygül, Fiensoy y Celik, 2019): hacer más llevadera la vida en el centro penitenciario, ponerse al día con la vida, poder optar a una segunda oportunidad, aumentar las expectativas de empleo, utilizar de forma eficiente su tiempo y saldar las deudas pendientes con la sociedad y con la familia.

Existe controversia en cuanto a los efectos de la enseñanza universitaria sobre la tasa de reincidencia en las PPL. Algunos estudios comentan que no se alteran sus ratios (Nelson,1995), y otros sin embargo sí añaden una reducción (Chase y Dickover, 1983, Winterfield, Coggeshall, Burke-Storer, Correa y Tidd, 2007).

Los beneficios que reportan las PPL mientras cursan estos estudios están relacionados con su estancia en el centro y serían: mayores posibilidades de alcanzar la libertad, se reduce la rutina y el tiempo de encierro, menor hacinamiento y se evitan traslados de unos centros a otros (Iturralde, 2019).

En general los beneficios de los programas universitarios son personales y sociales pues se mejora la autoestima, la autocompasión, las habilidades sociales, la comunicación y la conciencia de comunidad (Baranger, Rousseau, Mastrorilli y Matesanz, 2018). Otros beneficios estarían vinculados con la promoción de un diálogo democrático, la generación de oportunidades y un aprendizaje transformador que permitiría formar mejores ciudadanos (Grady y Hamilton, 2019).

Los cambios esperados por los programas universitarios estarían vinculados a las actitudes, las formas de pensar y los estilos de vida. Con ellos se intenta modificar el comportamiento, reducir la violencia pero también abandonar la vida delictiva, volver la mirada hacia horizontes normativos tras la liberación y constituirse como ciudadanos productivos (Ohayon, 2016).

Los docentes que han participado en estos programas valoran la experiencia como enriquecedora y factible, pero manifiestan como principales dificultades la carencia de recursos para lograr sus objetivos pedagógicos y la sensación de inseguridad dentro de las aulas, abogan también por la necesidad de consolidar propuestas didácticas acordes con las necesidades de los centros y con los distintos perfiles de estudiantes (Sumba, Cueva y López, 2019). Las condiciones en los que se desarrollan los programas son peculiares debido a las normas de seguridad, siendo las modalidades on line o semipresencial imprescindibles, ya que en la mayoría de los centros no hay acceso a internet ni dispositivos electrónicos, y los recursos académicos son insuficientes (salas de estudio, profesores, manuales, etc.).

En los siguientes epígrafes se describirán las experiencias de los programas universitarios llevados a cabo en centros penitenciarios de España, Ecuador y México.

Metodología

La metodología empleada ha sido el análisis comparativo de programas universitarios (España, Ecuador y México) teniendo en cuenta los siguientes elementos: entidades colaboradoras, convenios, universidades participantes, metodología, número de matrículas, carreras cursadas, personas tituladas, rendimiento académico, recursos y retos. Para extraer los datos se han consultado fuentes secundarias: servidores estadísticos, portales de instituciones oficiales y de universidades, páginas web, prensa, boletines y bases de datos especializadas (Web of Science, Dialnet, Internacional Political Science Abstracts, E-journal, Pubmed, Scielo, Google Scholar, Psycchological and Behavioral Science, Research Gate, ERIC, MLA, EBSCO, MEDLINE, psicodoc, APAPsyinfo, Academic Search Ultimate).

Programas universitarios en centros penitenciarios. España

La Ley Orgánica General Penitenciaria (LO1/1979) obliga a establecer y estimular sistemas de participación de los internos en actividades o responsabilidades de orden educativo y cultural (art. 24). La Administración penitenciaria debería fomentar el interés de los internos por el estudio y dar las máximas facilidades para ello. Dichas enseñanzas comprenden desde la educación básica a la formación superior, duplicándose en los diez últimos años el número de estudiantes universitarios (Gutiérrez, Viedma y Callejo, 2010).

En España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es el principal referente de actividad universitaria en centros penitenciarios. Desde su inicio, a finales de los años setenta en la prisión de Carabanchel en Madrid, su actividad ha sido incesante en todo el territorio español gracias a la dependencia directa de la UNED de la Administración central del Estado, la flexibilidad de su modelo metodológico, la variada oferta de estudios y la legitimación social del modelo de la UNED (Viedma, 2003).

La experiencia universitaria en Centros Penitenciarios desarrollada por la UNED en los últimos 36 años supone la puesta en práctica del Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios (PEUCP), como resultado de varios Convenios firmados con la Secretaría General de Universidades (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), la Secretaria de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) y la UNED; con el objetivo de incrementar el nivel formativo y cultural de las personas privadas de libertad, posibilitando su acceso a estudios universitarios. Con esta finalidad la UNED pone a disposición de los centros penitenciarios un sistema de orientación, información y matriculación; tutorías semanales en las aulas para la preparación de las pruebas de acceso a la Universidad, apoyo a los formadores de los centros para el uso de la plataforma de e-Learning (ALF), y la asistencia de los Centros Asociados de la UNED más próximos para aquellos estudiantes en régimen abierto y en libertad condicional.

Los estudiantes del PEUCP pueden cursar al Acceso Directo a la universidad para Mayores de 25 años, el Curso de Acceso Directo para Mayores de 45 años, así como las titulaciones de Grado, excepto Ciencias Ambientales, Química, Física y todas las ingenierías sin excepción, ni las asignaturas optativas con prácticas externas obligatorias de ADE, Economía y Turismo. Se podrían cursar 19 Grados de los 28 ofertados.

La metodología de la UNED permite al estudiante poder cursar sus estudios a distancia, sin la obligatoriedad de un dispositivo electrónico o internet, lo que facilita que las PPL puedan estudiar básicamente a través de los libros y las guías de curso, para superar las pruebas presenciales, que diseñan los equipos docentes.

En cada Centro Penitenciario la información general, el contacto con los equipos docentes y la gestión administrativa del PEUCP se lleva a cabo a través de los Gestores de Formación e Inserción Laboral.

La UNED organiza las pruebas presenciales para los Centros Penitenciarios, estableciendo un calendario de exámenes anual (febrero, junio y septiembre) para las titulaciones universitarias, así como junio y septiembre para las pruebas de acceso y los cursos de idiomas. Algunos de los profesores universitarios de los Equipos Docentes de la UNED conforman tribunales, que se desplazan en esas fechas a los centros penitenciarios para examinar a los estudiantes.

El PEUCP cuenta con beneficios económicos para el estudio, siendo los requisitos para poder optar a ellos: acreditar falta de solvencia económica, los estudiantes del PEUCP deben superar un rendimiento académico del 70 % en los créditos matriculados y no tener título universitario previo (Gutiérrez, Viedma y Callejo, 2010).

Desde el curso 93/94 el número de centros y de estudiantes no ha dejado de crecer, en ese año fueron 499 estudiantes (Viedma, 2003), en el año 2003 se matricularon 389 estudiantes y en 2020 la UNED cuenta con cuarenta y tres centros penitenciarios con estudiantes en el PEUCP, siendo el número total de 884 y las carreras más estudiadas serían por este orden: Acceso a la Universidad de 25 a 45 años, Derecho, Psicología, Administración y Dirección de empresas, Educación y Trabajo Social (Portal estadístico UNED, 2020).

Desde el año 2002 el número de matrículas ha ido en aumento, alcanzando las cifras más altas en los años 2010 y 2011 respectivamente. El perfil del estudiante de la UNED se caracteriza por la ausencia de menores de 25 años, la franja de edad que predomina se sitúa entre los 30-45 años, son de nacionalidad española y provenientes de América Latina, han realizado una actividad laboral como empleado o autónoma fuera de prisión, tienen preparación académica previa y los motivos por los cuales se matriculan estarían relacionados con la ocupación del tiempo libre, mejores condiciones de vida en la prisión, la posibilidad de un futuro social y profesional mejor, la mejora de la adaptabilidad social de su entorno y la realización de un esfuerzo personal individual (Viedma, 2003).

En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes, teniendo de referencia el curso 2005/2006, la media total de aprobados sobre los presentados es del 35 %, y la media de alumnos que se presentan al examen es del 50 % (Gutiérrez, Viedma y Callejo, 2010). Según este estudio el 57,9 % valoraba positivamente la experiencia de haber estudiado en la UNED, muy positiva el 22,7 % y negativa el 19,4 %.

Según los datos facilitados por el portal estadístico de la UNED, desde el 2002 hasta la actualidad se han matriculado 14.444 estudiantes, de los que solamente 203 han terminado sus titulaciones, es decir el 1,4% de los matriculados obtiene un título universitario, siendo de los titulados 188 hombres y 15 mujeres. Desde el año 2002 se ha producido un aumento de titulados en Centros Penitenciarios, siendo el pico más alto en 2011 con treinta. El número mayor de titulados corresponde a las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social, Educación social, Sociología y Ciencias Políticas. La franja de edad donde nos encontramos más personas tituladas se sitúa desde los 36 años hasta los 50, siendo la franja de edad más copiosa de los 41 a los 45 años (Portal estadístico de la UNED, 2020).

Existen grandes diferencias en cuanto a los centros, no solo en el número de estudiantes, algunos con más de cien y otros solamente con tres, sino también en cuanto a los medios para cursar las titulaciones: salas de estudios, bibliotecas, salas de exámenes, apoyo tutorial, equipos de formación, etc. En el estudio llevado a cabo por Gutiérrez, Viedma y Callejo (2010) el 73,3 % de las PPL consideraba insuficiente los medios, siendo los recursos que más se agradecen: salas de estudio, tutores, uso de ordenador y el acceso a internet.

La situación actual de la educación superior en prisiones españolas es cada vez mejor, especialmente por el incremento del número de estudiantes y de la oferta educativa. Suponen para las PPL una herramienta para superar su estancia en el centro, para su reingreso en la sociedad y su incorporación en el mercado laboral. Entre las carencias detectadas en estos años destacarían: la escasez de recursos en los centros durante el curso académico, la falta de apoyo para la continuidad de los estudios universitarios finalizada la condena, y la escasa reinserción laboral universitaria concluidos los estudios.

Programas universitarios en centros penitenciarios. Ecuador

En Ecuador, la Constitución reconoce a la educación como un derecho fundamental, y la educación de calidad para todos se cristaliza en los objetivos de desarrollo del Plan Nacional para el Buen Vivir (Iturralde, 2018).

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), es la entidad rectora del sistema de educación superior en Ecuador, e incursiona al interior de los Centros de Privación de Libertad en el país, a través de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el ex Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la SENESCYT desde el año 2015. Esta Secretaría lleva a cabo los procesos de educación superior de acuerdo al Modelo de Gestión Penitenciaria. La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Art.74 dispone que las instituciones de Educación Superior instrumentarán de manera obligatoria políticas de cuotas del ingreso al sistema de educación superior de grupos históricamente excluidos o discriminados, siendo la SENESCYT quien establece las políticas de cuotas.

El Plan de Desarrollo 2013-2021 manifiesta la necesidad de vincular carreras de educación superior a personas privadas de libertad, y responde al compromiso de la sociedad igualitaria que busca garantizar la enseñanza inclusiva que elimina toda forma de discriminación, construyendo el derecho a la educación superior como un proceso histórico para este grupo de atención prioritaria. Para conseguir una vida digna para todos es necesario mantener un enfoque de derechos que promuevan procesos formativos y de capacitación (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 2017).

El Sistema Penitenciario tiene convenios con el Ministerio de Educación para alfabetizar, dar clases de Educación Básica y Bachillerato, y con la SENESCYT para establecer Convenios con Universidades para la formación en Educación Superior.

En 2015 se emprendió un proyecto piloto en el que se otorgaron 437 becas a estudiantes en centros penitenciarios (Iturralde, 2019). Al inicio se otorgaban becas desde universidades públicas como la Central de Quito, Técnica del Norte, de Manabí y la Estatal de Milagro, pero se sumaron instituciones privadas como la Universidad Católica de Guayaquil, la Politécnica Salesiana, el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar, Vicente León, San Pablo de Atenas, la Universidad Técnica Particular de Loja, entre otras. Esta última entregó 360 becas solo en 2019. Para acceder a las becas que ofrece el sistema de educación superior, las PPL deben someterse a un riguroso proceso de selección igual al que siguen los alumnos regulares que desean obtener un cupo para el ingreso a las universidades del país.

En la actualidad la SENESCYT ofrece becas a universidades públicas y privadas, y educación superior con diferentes universidades del país: Politécnica Salesiana, Católica Santiago de Guayaquil, Central del Ecuador, Escuela Politécnicas del Ejército, Técnica de Manabí, Técnica del Norte, Estatal de Milagro, Técnica Particular de Loja, entre otras; en las modalidades presencial, semipresencial y en línea. Participan también Institutos Tecnológicos de Educación Superior: Vicente León, Carlos Cisneros, San Pablo de Atenas, Guayaquil, entre otros, en coordinación con la entidad a cargo del Sistema de Rehabilitación Social.

Las Instituciones de Educación Superior analizarán las carreras que podrán ser impartidas, las cuales deben cumplir con la condición de vigentes y aprobadas por el Consejo de Educación Superior CES. Las carreras de educación superior se imparten en diversas modalidades: Presencial, Semipresencial, Distancia y en Línea. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones de los estudiantes, la modalidad recomendada debería ser a distancia, en línea o virtual, ya que la experiencia demuestra que muchos estudiantes recuperan su libertad y se cambian de ciudad de residencia, por lo que pueden seguir estudiando donde se encuentren, reduciendo de esta forma el nivel de abandono. Un aspecto clave en la labor del profesor tutor es el acompañamiento continuo dentro de su proceso formativo, ya que crea un ambiente socio emocional positivo en el estudiante.

La SENESCYT acorde a sus atribuciones y competencias revisa continuamente estrategias que incentiven la ampliación gradual de la oferta académica para las personas privadas de libertad, según las condiciones físicas de los Centros de Privación de Libertad, para lo cual la Dirección Técnica de Régimen Cerrado (SNAI) y la SENESCYT coordinan con Universidades, Institutos y Escuelas Politécnicas.

Según la Dirección Técnica de Régimen Cerrado el número total de PPL que cursan estudios universitarios actualmente es de 461 (en universidades privadas 307, en públicas 105, en institutos 45 y posgrado 4), siendo las carreras más cursadas Administración, Economía, Derecho, Trabajo Social, Informática, Psicología y Turismo.

Programas universitarios en centros penitenciarios. México

En la capital mexicana, el 18 de abril del 2005, comenzó a operar el Programa de Educación Superior para los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, ahora Ciudad de México (PESCER), siendo así la primera entidad en el país, en contar con un programa de educación superior para personas privadas de su libertad. Fue el 13 de diciembre 2004, que se firmó el “Convenio de colaboración interinstitucional para la ejecución de programas de educación superior, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobierno” el entonces Distrito Federal (Universidad Autónoma de la Ciudad de México [UACM], s/f-a), a través del Licenciado Antonio Hazael Ruiz Ortega, Director General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Se ofertaron cuatro licenciaturas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Urbana; así como Creación literaria. El Proyecto fue identificado como una innovadora contribución a la atención penitenciaria en el ámbito de la educación superior en los Centros de Readaptación Social de la ahora Ciudad de México (CDMX). Este convenio es uno de los mecanismos entre el Gobierno de la entidad y el sistema penitenciario para fortalecer los mecanismos de reinserción social.

A través de la elaboración del “Diagnóstico y proyección” a marzo 2017, la Coordinación Académica del Programa de Educación Superior para Centros de Reinserción Social de la CDMX, nos proporciona una serie de datos que permiten generar un panorama sobre el impacto del PESCER en la población recluida. A esta fecha, se opera en 7 centros de reclusión de la Ciudad: Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, Penitenciaría de la Ciudad de México, Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO), Reclusorio Preventivo Varonil, Reclusorio Preventivo Varonil Sur y Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Con la fecha de corte referida, se contaba con 829 matriculaciones desde el inicio de su operación, de las cuales 761 son en la licenciatura de Derecho, siendo el 98,3 % de las matrículas y la licenciatura que se imparte en todos los centros donde opera el PESCER. La licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Urbana (CP y AU), se coloca en segundo término con 50 matriculaciones, siendo el 1,2 %. Se imparte en el CEVARESO y en los reclusorios Oriente Sur y Norte. Finalmente, se cuenta con 18 matriculaciones en la licenciatura de Creación Literaria (CL), con el 0.04 %; la cual es impartida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Penitenciaría y en los reclusorios Oriente y Norte.

De manera específica, en el ciclo escolar en marzo 2017, se contaba con un total de 293 matriculados y reinscritos activos, 386 considerados activos no inscritos, 16 titulados, 52 estudiantes con certificado de estudios concluido, 66 estudiantes han liberado su servicio social y 24 de los activos cuentan ya con éste.

De los estudiantes que han obtenido su libertad, 242 han gestionado su ingreso a los planteles de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM) para continuar sus estudios. 166 en la licenciatura en Derecho (88 en el plantel Centro Histórico, 62 en Cuautepec y 16 en el de San Lorenzo Tezonco). De la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana, 6 continúan sus estudios en el Plantel Casa Libertad y 11 en el Plantel Del Valle. Cabe señalar que, de los 16 estudiantes de Derecho titulados, 13 son internos y 3 lograron su titulación ya siendo externados, 11 de éstos, con Mención Honorífica.

Alejandra Díaz (RompevientoTV, 2013), de la Dirección Académica del PESCER, refirió que fue en la Penitenciaría del Distrito Federal y en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en donde el programa se puso en marcha, con 35 estudiantes y 7 profesores, iniciando con un ciclo de integración con duración de un semestre. Esta iniciativa consiste en un Programa de atención inicial de la UACM para sus estudiantes de nuevo ingreso, por un semestre, con el fin de que inicien su formación universitaria con bases sólidas. Entre sus talleres están el de Expresión Oral y Escrita, de Matemáticas, de Identidad, Conocimiento y Aprendizaje, e incluso uno de introducción al campo de conocimiento de la licenciatura que el estudiante eligió al inscribirse (UACM, s/f-b).

Las carencias y retos del programa se pueden identificar en cuatro aspectos, de acuerdo al Diagnóstico y proyección 2017, elaborado por la Coordinación Académica del PESCER (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2017): a) Infraestructura: más espacios físicos en algunos centros de reclusión, mobiliario suficiente, más recursos bibliográficos y equipos de cómputo y software acordes a lo requerido en las clases. Así mismo, que no haya discordancia en el personal en tanto su nivel profesional y las funciones que realiza. b) Académico: que el PESCER cuente con su propia plantilla docente, en función de que ésta es de la UACM, con diferentes tipos de contrataciones, que las academias que participen de las distintas licenciaturas lo hagan de manera equitativa. Que se cuente con una política de vinculación a la investigación de la Universidad hacia el PESCER y se difundan los resultados obtenidos; y favorecer el crecimiento de la matrícula de estudiantes a las licenciaturas CPyAU y Creación Literaria. c) Estudiantes: reducir la deserción, por falta de atención oportuna. D) Administrativo: Desconocimiento del PESCER por parte de otras áreas de la UACM, falta de personal en todos los centros escolares y para hacer investigación, riesgo de trabajo en lo físico y emocional, y la fluctuación de profesores que se contratan por asignatura.

Entre las fortalezas, y lo que hay que evidenciar además de lo señalado con respecto a la matrícula de estudiante, logros de titulaciones y el número ascendente de quienes terminan sus créditos y obtienen su certificado de estudios terminados, así como su servicio social; está el de que a los docentes que participan en el programa se les reconoce por su alto grado de compromiso, responsabilidad al cumplimiento de las normas para acceder a los centros de reclusión al impartir sus cátedras y su profesionalismo.

Entre los retos, se hace urgente realizar investigación educativa y visibilizar lo que se hace y cómo se llevan a cabo las distintas acciones educativas de formación universitaria, de difusión cultural y de extensión universitaria. Vale enfatizar, que el PESCER es un programa único en su género y está otorgando la posibilidad que las personas privadas de su libertad puedan acceder a este tipo de formación y que, al salir de la cárcel, cuente con otras herramientas que faciliten su reinserción social, familiar y laboral. A decir de una de las estudiantes, al ser entrevistada ya concluido su tiempo de compurga en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el estudiar dentro del penal se tienen ganancias secundarias de gran relevancia: “no te sientes sola, me lleva a mis raíces, te abre al mundo, y se cuenta con una formación que ayuda a no ser estigmatizada por salir de la cárcel, y sobre todo, refiere, la universidad te impulsa a identificar tus capacidades”. (RompevientoTV, 2013).

Discusión

Las políticas de inclusión social en las prisiones se quedarían en una mera intención si se tienen en cuenta las tasas de reincidencia. En algunos países como Colombia nos encontramos en 2017 con el 24,38% de reincidencia (Larrota, Gaviria y Arenas, 2018). Cifras parecidas aparecen en los estudios realizados en España: en población juvenil el 23,19 % (García-García, Ortega-Campos and Fuente-Sánchez, 2010); con mujeres el 29 % (Jiménez- Bautista y Jiménez-Aguilar, 2013); en agresores sexuales son 32,2 % (Redondo, Luque, Navarro y Martínez, 2005); y en otro estudio realizado en varias cárceles españolas la reincidencia fue del 49 % e incluso en algunos centros del 63,8 % (Marcuello y García-Martínez, 2011). En este último estudio la reincidencia varía según la duración de la pena, siendo los delitos con penas cortas los que más reincidencia presentaban (70,1 %) y los de penas más largas los que menos (24,4, %), además el 57,7 % de las PPL que han reincidido lo han hecho en un plazo de menos de dos años desde el último ingreso, y el 31,4 % lo hace en menos de 6 meses.

El acceso a los datos de reincidencia en las fuentes oficiales no resulta fácil, en España por ejemplo este dato no figura en las fuentes oficiales, y los estudios disponibles son más bien localistas atendiendo a los centros que deciden participar. Existen aún menos estudios que vinculen la reincidencia con programas de formación universitaria en centros penitenciarios. Algunos alegan que cursarlos reduce la reincidencia (Chase and Dickover, 1983). Winterfield y colaboradores (2007) se encontraron reincidencias del 2,44% en Indiana, del 15,76% en Masachussetts y del 39,38% en Nuevo México. Kim y Clark (2013) concluyeron que las personas que no habían participado en estudios académicos mostraron una reincidencia cuatro veces mayor.

Sería conveniente que en un futuro se pudieran realizar más estudios de este tipo para aclarar la efectividad de los programas universitarios en cuanto a la reducción de la reincidencia, pues algunos estudios manifiestan que no existen diferencias en centros penitenciarios entre las personas que cursan estudios universitarios y las que no lo hacen (Hasayasi, Weisbord, Zamir, Elisha, Haviv, y Shoham, 2014).

Aparte de la reducción de reincidencia existen otros beneficios. En un estudio realizado por Nottingham Trent University, (UK), las PPL manifestaron haber aumentado su sensación de empoderamiento, de capacidad y autonomía tras cursar los programas universitarios (Grady and Hamilton, 2019). En otros programas los estudiantes manifestaron percibir una transformación individual que se propagaba a su vez en las redes sociales de la persona (familias, amigos), un sentimiento de pertenencia y participación en la comunidad, así como una nueva identidad al disponer del rol de estudiante universitario (Gray, Ward y Fogerty 2019). Otros estudios realizados reportan beneficios en la noción de ciudadanía, cultura, identidad, participación política, consecución de cambios y en la superación de estereotipos (Grady y Hamilton, 2019).

Un estudio cualitativo en un centro penitenciario portugués añadió algunos inconvenientes en el desarrollo de estos programas como son la falta de instalaciones, medios, recursos pedagógicos, tecnología y de apoyo a los profesores, siendo a su vez necesario mejorar las condiciones de asistencia a distancia en las cárceles (Morerira, Reis y Machado, 2017). Scarfó (2006) destaca que para el aseguramiento de una educación de calidad dentro de las cárceles sería necesario el cumplimiento de cuatro características elementales: accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.

Con todos estos resultados se podría afirmar que la educación universitaria en los centros penitenciarios es un elemento potencial de transformación social, económica y cultural para las PPL, con resultados positivos para la construcción de ciudadanos integrados, capacitados y autónomos. Pero no en todos los centros penitenciarios se contempla la posibilidad de cursarlos. Los primeros programas universitarios fueron desarrollados en prisiones de Reino Unido hace cuarenta años y en la década de los noventa aparecen en Estados Unidos, posteriormente están siendo incorporados en otros países como por ejemplo (Nichols, Young y Behan, 2019): Making the Connection Project (Australia), Book Clubs for Inmates (Canadá), India Vision Foundation (India), Africa Prisons Project (East Africa), entre otros. En Europa es más frecuente encontrar este tipo de programas, pero en Latinoamérica por ejemplo pocos países los ponen en marcha, entre ellos destacarían Ecuador, México y Argentina.

Si bien el derecho a la educación en los centros de reclusión está constitucionalmente respaldado, en México y en otros países de América Latina; la atención en educación superior está en ciernes. En Ecuador se comenzó en 2015, y en el caso mexicano, como se documenta en este artículo, la formación universitaria solo se da en los centros de reclusión de la Ciudad de México y es de manera presencial. En el 2020, el PESCER de la UACM, cumplieron 15 años colaborando juntos en los reclusorios mexicanos. Desde entonces el número de estudiantes ha ido en aumento.

En este sentido, vale señalar que uno de los países de América Latina, pionero al generar diversas acciones educativas y de formación universitaria, ha sido Argentina, que ha seguido la normativa nacional e internacional de respeto a los derechos humanos, a través del Programa de Educación en Contexto de Encierro (PECE), de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata (UNLP), que ha alcanzado alrededor de 20 unidades penitenciarias de las 54 provincias de Buenos Aires y que en el año 2017 disponía de 865 estudiantes (Castro y Scarfó, 2018, p. 49).

Es importante no dejar de lado, para acompañarnos en el seguimiento de las distintas actividades del PECE, al Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC), que, desde el 4 de octubre del 2002, “ha centrado su militancia en promover el ejercicio efectivo del derecho a la educación de calidad de las Personas Privadas de Libertad ambulatoria” (GESEC, 2017) a través de asesorías académicas, participación y organización de congresos y seminarios.

La inclusión social facilitados por los programas universitarios en centros penitenciarios no acabaría con la obtención del título, pues los participantes se encuentran con dificultades para acceder al mercado laboral. En un estudio realizado en los centros de Ecuador, las PPL manifestaron que sus mayores preocupaciones eran cómo afrontar la discriminación laboral por sus antecedentes penales y el deterioro de su carrera laboral tras años de inactividad (Iturralde, 2019). Es por este motivo que estos programas universitarios deberían implementarse con un seguimiento de los casos y con medidas que faciliten la incorporación laboral una vez se consiga el título académico, como es el caso de la Estrategia de Educación y Empleo publicada recientemente en Reino Unido (Ministry Of Justice, 2018), que presenta una nueva era en las cárceles proporcionando vías de acceso al empleo, lo que a su vez requiere la existencia de relaciones sólidas con los posibles empleadores.

Conclusiones

De este estudio comparativo descriptivo se derivan las siguientes conclusiones:

1.Existen estudios que han demostrado una reducción en la tasa de reincidencia en PPL que han iniciado y terminado sus estudios universitarios en las prisiones. Es decir, la persona que estudia una carrera universitaria en prisión no regresa al centro. Entendemos por ello que la formación universitaria puede ser un elemento clave que hay que fomentar para reducir la reincidencia y facilitar la inclusión social. Dada la carencia de estudios existentes en el seguimiento de los egresados en centros penitenciarios sería interesante desarrollar investigaciones que analizaran las tasas de reincidencia, la incorporación laboral y la situación familiar.

2.Los programas universitarios de aprendizaje pueden ser la clave para facilitar la inserción social reorientando las actitudes y las conductas, guiando a las personas hacia modelos actitudinales integrados, modificando la forma de analizar su entorno y generando alternativas de cambio. El proceso pedagógico y terapéutico que ofrecen los programas universitarios debe ir acompañado de la movilización de recursos económicos y sociales que ofrezcan soluciones efectivas para construir nuevos itinerarios existenciales, que faciliten la salida del entorno penitenciario y también del contexto de vulnerabilidad social en el que han vivido, en este sentido la reinserción laboral y la intervención familiar fuera de la cárcel, pueden ser elementos decisivos para evitar la repetición de la conducta delictiva.

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Fecha de recepción: 25 de agosto de 2020

Fecha de aceptación: 14 de diciembre de 2020



DOI: http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v18i45.827


Nuestro agradecimiento a los investigadores Francisco Cervantes Pérez y Concepción Barrón Tirado por apoyar la iniciativa en el desarrollo de programas universitarios en centros penitenciarios en la Ciudad de México y por su implicación en esta investigación; al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación por respaldar el proyecto posdoctoral sobre educación penitenciaria; a Mauro Toscanini, Rector de la UCSG, por gestionar y apoyar la creación de Proyecto UCSG-PPL; a Víctor Jácome, Director Técnico de Régimen Cerrado, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, por aportar la información y estadísticas para la investigación.

* Este trabajo ha estado financiado por un Convenio de Cooperación Interinstitucional del Gobierno de Ecuador con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para la regulación del Proyecto de Educación Superior para las Personas Privadas de Libertad en los Centros Penitenciarios (No. 20150040 del 24 de abril de 2015); por una licencia de estudios entre el profesorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, perteneciente a la UNAM; y por una beca posdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

** Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales. Facultad de Derecho Universidad Nacional de Educación a Distancia. Correo electrónico: lponce@der.uned.es

*** Profesora de Economía Social. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Correo electrónico: gina.lopez@cu.ucsg.edu.ec

**** Becaria posdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Correo electrónico: rcr7110@yahoo.com.mx

Volumen 18, Número 45, enero-abril, 2021, pp. 487-509

ISSN versión electrónica: 2594-1917

ISSN versión impresa: 1870-0063